sábado, 30 de junio de 2007















La urgencia con la que debe atenderse el gravísimo problema de la agresión a la mujer venezolana, ha determinado que se aprueben textos legales para minimizarlo y quizás erradicarlo. Son soluciones bien intencionadas, es cierto, y quizás no pueda negarse el valor de esos instrumentos legales, pero no lo es menos que las grandes transformaciones sociales de un país no se decretan sino que, primero, se identifican, luego se adopta una solución en todo aspecto y se la respalda, en tercer término, con los instrumentos legales del caso.
Recuerdo que en una de esas bien intencionadas soluciones legales del pasado se preveía el arresto hasta por seis meses del padre que no proveyese a la manutención de sus hijos. En cierta ocasión, ante una situación de irresponsabilidad paternal extrema, le planteé la posibilidad de un arresto a un Juez de Menores. Y me contestó, palabras más palabras menos, que ese padre irresponsable algo le daría al hijo, que había la posibilidad que se diese cuenta de lo que estaba haciendo, pero preso no habría ni un centavo y un problema de desempleo y otros males peores.
He leído la reciente " Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia" y no cabe duda que es un texto legal que responde con manifiesta desesperación a resolver ese flagelo, pero me da la impresión que el Estado debe paralelamente emprender grandes campañas de orientación y educación sobre el tema, ilustrar a los ciudadanos de este país sobre el gran daño que ello produce no solo en la mujer sino también en los hijos y la sociedad. Es necesario que se difunda ampliamente la terrible influencia negativa que produce en todo proyecto político o social el conflicto, en todas sus vertientes, de la agresión a la mujer. Debe invitarse a la reflexión sobre la conveniencia de usar adecuadamente el instrumento legal en referencia. Crear conciencia del todo, solo eso.
Por lo pronto, en ausencia de esa educación y orientación previas, más la inadecuada infraestructura técnica y humana para aplicarla, la ley corre siempre el riesgo no solo de aplicarse inadecuadamente, que sería lo de menos, sino convertirse en instrumento de persecución, retaliación y venganza por diversas causas, consiguiéndose así efectos no deseados por el legislador.
Pongo un solo ejemplo. Si una mujer denuncia que está recibiendo maltratos de su esposo o concubino, puede lograr que una medida preventiva de salida del hombre de la casa común se produzca en cuestión de días, sin tener que probar nada ni mayores inconvenientes. Pasa ello a transformarse en un problema más serio porque puede aprovecharse el mecanismo legal para lograr una permanencia casi definitiva en el inmueble y conseguir así efectos de presión en la repartición legal de los bienes comunes. La ley dice que para tales efectos no importa la titularidad del bien, es decir, que aunque fuese propio del cónyuge o concubino, éste deberá soportar la situación fuera de su casa. En este sentido, qué de extraño tendría, por ejemplo, con una justicia tan lenta y desasistida técnicamente, que una simple relación pasajera entre un hombre y una mujer pudiese dar lugar a que el hombre quede sin un bien que no solo es suyo propio sino en el que la mujer no ha tenido ninguna presencia o asentamiento. Extorsión, pues, en una palabra.
Las infinitas posibilidades que la ley ofrece para fines negativos, agresión legalizada, etc. terminarán dañando a las mujeres verdaderamente necesitadas de protección, puesto que, entre otras cosas, puede ser que las instancias judiciales se abarroten de causas injustificadas y por tanto no se pueda atender con buen criterio las situaciones que requieren justicia. Paralelamente se creará desconfianza y se empezarán a requerir cada vez más requisitos para la demostración de la verdad, lo que nuevamente atentaría contra las expectativas de la mujer expuesta o sometida a violencia.
Todavía hay tiempo de hacer las cosas bien. Algún día será en que las soluciones no se decreten ni improvisen, sino que se planifiquen y se dé orientación sobre ellas. Luego la ley hace el resto.

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