Le he oido decir a Roberto Hernández, no una sino varias veces, tal vez muchas, que este gobierno estaba azotado por dos males: uno, la corupción (y pocos están tan calificados como él para saberlo con precisión) y otro, el avanzado deterioro de la administración de justicia (y de eso debe saber también mucho, pues además de su función parlamentaria y su cargo de ministro, fue abogado litigante por muchos años).
Entiendo que nadie deba renunciar a sus posiciones políticas e ideológicas por compartir afiliación partidista con quienes cometen, toleran o apoyan esos males, pues eso sería el caos. Nadie podría hacer nada en la vida.
Pero, cuando menos, debe haber expresa y reiterada demostración de hacer algo, por mínimo que sea, de combatir el flagelo.
En cuanto a la corrupción no creo que sea tan difícil, puesto que el jefe de la revolución goza de un poder absoluto, el cual le permite desplazar sin estremecerse, a algunos corruptos notables. Lo bueno es que eso podría ser un capital político, ya que el país lo vería muy bien.
Lo de la justicia, si bien es cierto que es más difícil de erradicar, puede verse desde una perspectiva hasta ahora inédita. Ningún gobierno democrático venezolano ha entendido que sería una gran victoria desde cualquier ángulo, que la administración de justicia se desenvuelva dentro de sus parámetros lógicos, científicos, etc. Desde luego, de acuerdo a nuestra idiosincracia, hay que preservar algunas situaciones o posiciones, y ponerlas a salvo de cualquier aventura (inclusive aceptadas por la doctrina jurídica). Si ello se da el país se enriquece y el gobierno se fortalece. Un gobierno que destruye a la justicia, tarde o temprano se destroza ireversiblemente a sí mismo. Piénsenlo y verán.
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