Toda persona que vive en un país, al menos una vez, imagina que si el Presidente lo oyera unos pocos segundos, algo útil podría sacarse de eso. No soy la excepción. En consecuencia, he pensado que, entre tantas cosas posibles, al menos en esto tengo la certeza que se obtendría un resultado positivo.
Presidente Chávez, yo coincido con usted en algunas pocas cosas y disiento en la gran mayoría. Pero jamás me anima ningún fin subalterno ni una posición personal. Gozo en tal sentido de plena libertad e independencia.
Quiero referirme a la justicia contencioso administrativa, que como sabemos es la que concierne a los órganos de justicia que juzgan y resuelven las controversias entre las personas o entes de derecho público (en cualquiera de sus formas) y los particulares (personas naturales o jurídicas).
Presidente, solo para fortalecer esta opiniòn y no por vanidad personal, me veo obligado a decirle que he litigado por muchos años en la jurisdicción contencioso administrativa, he desempeñado la función de juez en esa àrea, he impartido lecciones de post grado en las materias que la componen y he asesorado varios organismos pùblicos también en ella. Es decir, conozco el terreno.
De verdad, sin ànimos contra nadie y sin querer sentir que alguien se moleste, le expreso con absoluta sinceridad que la actual jurisdición contencioso administrativa está lejos de alcanzar el fin que le corresponde. Está férreamente abrazada a los intereses de las distintas formas de gobierno (central, estadal, municipal, etc.). Es insuficiente para atender las reclamaciones de los ciudadanos. Y prueba de la desidia e indiferencia por mejorar es todo el tiempo en que ha permanecido cerrada la Corte Primera de lo Contencioso Administrativa, la cual contiene juicios de todo el país. Pero esto no es nada nuevo. Ya se ha denunciado bastante.
Presidente, lo que quiero comunicarle y ahora sí hemos llegado al meollo de esta comunicación, lo que es grave de verdad, es que esta situación, este estado de cosas, màs que perjudicar a los particulares, es algo que fomenta la corrupción y la irresponsabilidad de los funcionarios, pues estos han entendido - a cualquier nivel - que hagan lo que hagan y decidan lo que decidan en vía administrativa, gozarán en muchas oportunidades de inmunidad judicial, lo que se traduce en daños al fisco nacional, a los recursos de la nación. Además genera abusos a los particulares, daña la economía, permite el manejo doloso de contratos, impide el mejoramiento o la creación de bienestar para los más necesitados, en fin, produce un daño indescriptible.
No tiene ninguna lógica que se proteja al funcionario incompetente o se fomente su irresponsabilidad, tapándole sus desaciertos o actos de mala voluntad.
Créalo, es verdad. Por aquí se desangra una parte de la nación. Consúltelo, indague y tome medidas para que esto no nos lleve más lejos.
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