Maggio es un abogado venezolano que ha conocido el éxito económico no muchos años después de graduado. Inicialmente logró entrar en un grupo comercial importante para prestar asistencia jurídica, lo cual hizo impecablemente, y gracias a ello pudo comprarse un apartamento en un condominio modesto e iniciar pequeños negocios de franquicias de telefonía celular.
Desde allí el camino a una situación económica holgada fue cosa de poco tiempo. Un buen día, aprovechando que su vivienda estaba en la planta baja del edificio, extendió su apartamento aproximadamente en un 50 % por ciento respecto de la construcción original: sitio para reuniones, oficina y parrillera. Hasta allí todo muy bien.
Lo malo es que esa extensión se hizo a expensas de áreas comunes de los copropietarios. Los vecinos de los demás apartamentos de planta baja hicieron lo mismo que Maggio.
Los demás vecinos se quejaron. La Junta de Condominio se alarmó, invocó normas de la Ley de Propiedad Horizontal y al no obtener el resultado esperado, decidieron contratar un abogado. Este profesional del Derecho, una vez que estudió el caso y le expuso los pormenores del mismo, lo que logró fue que la Junta desistiera de su reclamación y asunto terminado. Maggio, hoy día tiene un apartamento de lujo en un condominio financiado por la Ley de Política Habitacional, todo en contravención con las normas legales en materia de condominio.
Lo primero que salió a relucir en la asesoría jurídica es que la solución depende de un juicio, que como tal tiene un costo en gastos y honorarios. Y es que los condominios venezolanos, por lo general, apenas si cubren sus costos esenciales o siempre están en mora con alguien. Así que contratar un abogado implica una cuota extra, la que seguramente todos aprobarán pero nadie o muy pocos pagarán.
El condominio al cual pertenece la foto de arriba no es la excepción. En ocasiones se ha suspendido el servicio de vigilancia por falta de pago. También el de la luz eléctrica por la misma razón. Y así otras cosas esenciales. Pero los apartamentos han sido mejorados internamente, hay televisión por cable y afuera, en el estacionamiento, hay decenas de carros y camionetas último modelo.
Pero todo no termina allí. Aún pudiendo afrontar el costo del juicio, nos encontramos con que los tribunales tienen un dominio casi nulo en la materia y por tanto las soluciones son incompletas o no se dan. La falta de dominio, precisamente, deviene del poco uso de la vía judicial por la razón económica antedicha o porque los copropietarios se hacen cómplices del infractor o le temen (como en el caso de Maggio) o son indiferentes.
Las autoridades de los condominios, no obstante la amplísima divulgación en libros y foros sobre la materia, no saben casi siempre afrontar estas situaciones. Las autoridades administrativas competentes no tienen tiempo para estos problemas, o los desconocen, o no saben qué hacer.
Y es que la convivencia en condominio es una cuestión fundamentalmente de conciencia vecinal. Solo los propietarios respetuosos de las normas , organizados y con fortaleza en la defensa de sus derechos, serán quienes lograrán que en Venezuela se forme progresivamente una conciencia condominial.
Desde allí el camino a una situación económica holgada fue cosa de poco tiempo. Un buen día, aprovechando que su vivienda estaba en la planta baja del edificio, extendió su apartamento aproximadamente en un 50 % por ciento respecto de la construcción original: sitio para reuniones, oficina y parrillera. Hasta allí todo muy bien.
Lo malo es que esa extensión se hizo a expensas de áreas comunes de los copropietarios. Los vecinos de los demás apartamentos de planta baja hicieron lo mismo que Maggio.
Los demás vecinos se quejaron. La Junta de Condominio se alarmó, invocó normas de la Ley de Propiedad Horizontal y al no obtener el resultado esperado, decidieron contratar un abogado. Este profesional del Derecho, una vez que estudió el caso y le expuso los pormenores del mismo, lo que logró fue que la Junta desistiera de su reclamación y asunto terminado. Maggio, hoy día tiene un apartamento de lujo en un condominio financiado por la Ley de Política Habitacional, todo en contravención con las normas legales en materia de condominio.
Lo primero que salió a relucir en la asesoría jurídica es que la solución depende de un juicio, que como tal tiene un costo en gastos y honorarios. Y es que los condominios venezolanos, por lo general, apenas si cubren sus costos esenciales o siempre están en mora con alguien. Así que contratar un abogado implica una cuota extra, la que seguramente todos aprobarán pero nadie o muy pocos pagarán.
El condominio al cual pertenece la foto de arriba no es la excepción. En ocasiones se ha suspendido el servicio de vigilancia por falta de pago. También el de la luz eléctrica por la misma razón. Y así otras cosas esenciales. Pero los apartamentos han sido mejorados internamente, hay televisión por cable y afuera, en el estacionamiento, hay decenas de carros y camionetas último modelo.
Pero todo no termina allí. Aún pudiendo afrontar el costo del juicio, nos encontramos con que los tribunales tienen un dominio casi nulo en la materia y por tanto las soluciones son incompletas o no se dan. La falta de dominio, precisamente, deviene del poco uso de la vía judicial por la razón económica antedicha o porque los copropietarios se hacen cómplices del infractor o le temen (como en el caso de Maggio) o son indiferentes.
Las autoridades de los condominios, no obstante la amplísima divulgación en libros y foros sobre la materia, no saben casi siempre afrontar estas situaciones. Las autoridades administrativas competentes no tienen tiempo para estos problemas, o los desconocen, o no saben qué hacer.
Y es que la convivencia en condominio es una cuestión fundamentalmente de conciencia vecinal. Solo los propietarios respetuosos de las normas , organizados y con fortaleza en la defensa de sus derechos, serán quienes lograrán que en Venezuela se forme progresivamente una conciencia condominial.
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