Lo de la ley seca decretada para esta semana santa no es tan simple como para atribuirle todos los males al consumo de alcohol o decir que todos no pueden pagar las consecuencias por culpa de una minoría que se embriaga irresponsablemente y causa accidentes. Estas podrían ser las primeras impresiones para quienes tienen conocimiento de la inesperada medida, pero luego hay que ir más allá.
Nuestro país no es una excepción en cuanto a que el consumo de alcohol está bien extendido en una parte sustancial de la población. Aquí todo se celebra, durante todo el año, con el alcohol como primer elemento de cualquier reunión. Es más, sin él ninguna fiesta puede llamarse tal. Seguramente, si pensamos en la incidencia del consumo de alcohol respecto de la sociedad en general, tales como daños a los bienes públicos, gastos hospitalarios, etc. podamos ver cifras alarmantes, pero que no son atendidas con mucha importancia puesto que no dejan daños al ser humano. Si analizamos la incidencia del alcohol durante todo el año en lesiones y muertes, con particular enfásis en vacaciones como semana santa o carnaval, tal vez comprobemos que son mínimas en cuanto al volumen de la población potencialmente expuesta a riesgo. El punto álgido en esta última hipótesis lo constituye el daño a terceros que son precavidos o responsables, y que deben sufrir las consecuencias de un puñado de irresponsables que circulan por carreteras, calles y avenidas.
De acuerdo a lo que es ya previsible en el mensaje de estas líneas parecería que todo conduce al lugar común de decir que es un asunto de conciencia nacional. Y cuando decimos esto, inexorable e inevitablemente, nos conducimos a la conclusión que el mal no tiene remedio. La pregunta es cómo evitar que puedan manejar vehículos los embriagados irresponsables. También esta conclusión y esta pregunta se la hacen en cualquier lugar del mundo.
Para el Estado es demasiado difícil poder detectar a tiempo a las personas potencialmente peligrosas y tomar medidas hacia ellos. Y aún siendo posible sería más complicado aplicarlas y hacerles seguimiento.
Sancionar a quienes expenden licor a personas en evidente pérdida de su propio control es algo imposible aún en el supuesto que el consumo se haga en locales donde el irresponsable permanece por un buen rato.
Incentivar a parientes, parejas, padres, hijos o amigos para que cuiden o impidan consumir licor a quienes están en situación de riesgo es lo que más o menos se ha hecho casi siempre y resulta difícil en el mejor de los casos, sobretodo si también ellos consumen aunque sean responsables, y en el peor de los casos puede constituir un problema mayor de otra índole.
Y si seguimos analizando lo que se hace en esta materia, veremos cómo se desmorona una por una cualquier solución conocida.
Pero quienes manejamos el optimismo para todo pensamos que se puede hacer mucho. Y eso corresponde al Estado. O fundamentalmente al Estado. Soluciones que en realidad ya existen y soluciones nuevas: 1°) La suspensión o revocación de la licencia de conducir es una de ellas. Pero en Venezuela la aplicación de esa medida es absolutamente inexistente. Es más, lo digo tal cual es, una mamadera de gallo. Por un lado alguien mata a una persona en forma irresponsable, sale en libertad y al día siguiente está manejando otra vez. Aquí si se puede hacer un seguimiento. Y se deben atender las denuncias que hagan los ciudadanos sobre la violación de la suspensión o revocación. Bastaría el señalamiento anónimo, quedando a la autoridad comprobarlo. 2°) El bolsillo, todo lo que tiene que ver con el bolsillo funciona de alguna manera. Quien cause daños a los bienes públicos tiene que pagarlos hasta el último cenntavo, buscando por supuesto una fórmula de no perjudicar gravemente al núcleo familiar. Aquí nunca se ha dado nada de esto. Ningún funcionario público jamás ha hecho nada en firme en esta materia. Arranquemos y veamos. 3°) Intervenir en cada celebración, fiesta, show, concierto, etc. de manera gradual, orientándolas a que el consumo del alcohol no sea el fin en sí mismo de la jornada, además de mantener adecuada vigilancia y hacer que las autoridades requieran las licencias de conducir (partiendo del supuesto que se aplique lo señalado antes). 4°) Estimular a familiares y parientes para que en forma anónima denuncien a quien consideran gravemente expuesto a causar daños a la sociedad en general o terceros en particular. 5°) Facultar a los organismos locales, ahora los Consejos Comunales, para que adopten , medidas preventivas, de orientación o represivas a los comunitarios en situación de riesgo. La imaginación es infinita y es el estado quien debe pensar en ello.
Por lo pronto, ponderando los pro y los contra de la ley seca adoptada para esta semana santa, aún cuando se haya hecho sin la suficiente participación y dada la gravedad del flegelo, hay que apoyarla. Pero esperamos muchos más del estado venezolano, en defensa sobretodo de quienes pueden sufrir las consecuencias de los irresponsables.
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