Pedro III Pérez, un juez civil defenestrado.

La semana pasada la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, previa la elaboración de un procedimiento disciplinario, destituyó al Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Aragua, abogado Pedro III Yarzagaragay Pérez. Fue sometido a tres causas, una de las cuales concluyó con la máxima sanción disciplinaria.

Quiero pensar en esto y dar una opinión, para lo cual, en principio, debería leer la decisión que se dio en su caso. Pero lo haré sin ese paso previo, por cuanto no me anima tanto saber si la destitución es justa o no, sino más bien el significado de esa sanción en el contexto de la situación judicial venezolana.

Cuando el Dr. Pérez asumió el tribunal del cual fue destituido, en verdad, la gran mayoría de los abogados que allí litigan consideraron que se le abría un porvenir a él como magistrado y a los justiciables por la formación, seriedad y conocimientos de él. Tenía, creo, bastante de la altivez, la mesura y la pulcritud intelectual como para convertirse en un buen juez.

Pero la verdad es que el sistema judicial venezolano no está acoplado, hoy menos que en cualquier tiempo pasado, para ponderar y valorar esas virtudes. Pronto debió darse cuenta Pedro III, que en ese sistema precario, abarrotado, inescrupuloso y extraviado, por solo decir algunas cosas, no se puede subsistir sino poniéndose a tono con la barbarie que lo rodea.

Pedro III pretendió parecerse a un juez de un país que protege, favorece y enaltece la justicia. Trataba que todas sus decisiones, por poco importantes que pudieran ser, demostrasen que había invertido en ellas conocimientos y el tiempo requerido para que fuese una decisión digna. Eso hace años, muchos años, que es imposible en todos los tribunales del país de esa categoría, mucho menos en Estados como Aragua, que por su volumen de trabajo deberían tener cuando menos el triple de los que actualmente tienen. De esa manera se le llenó el tribunal de sentencia pendientes.

El otro factor que entró en escena para malograr a este joven abogado que podía y puede dar mucho en la Judicatura, fue la inexperiencia. Colocar a un abogado sin mucho trajín en el ejercicio privado o en los tribunales de menor categoría donde podía desarrollarse, en uno de esta condición por la importancia de sus pleitos, el volumen de causas y el conocimiento de toda la materia civil y mercantil, significa prácticamente lanzarlo por un despeñadero.

No escapa de estas consideraciones la posibilidad que el Dr. Pérez , ya en cuenta que no podía afrontar la magistratura bajo los lineamientos que se trazó, haya tenido reacciones reñidas con el debido respeto a los litigantes, que es en buena parte, según tengo entendido, lo que lo ha llevado a la sanción que recibió. Pero, en verdad, un error de esa naturaleza pudiera verse con alguna indulgencia si no era permanente y generalizado, y producir una sanción menor.

El sistema judicial no es capaz de comprender la desesperación que campea en los tribunales venezolanos. Juicios eternos (en días pasados se sentenció una causa mía que tenía poco menos de 15 años en primera instancia) por al abarrotamiento, formalidades excesivas ( casi siempre, por ejemplo, un expediente de 200 folios, tiene apenas unos 20 ó 30 que tienen importancia). El ciudadano no puede resolver sus problemas personales o económicos, lo cual además paraliza la circulación de la riqueza (la fortuna acumulada en depositarias o con prohibiciones de bienes, por ejemplo, es super multi millonaria). Los abogados deben trasladar a sus clientes el costo de una justicia lenta, que a veces termina no resolviendo nada.

En este marco de postración de lo que debe ser la esencia de un sistema democrático, esto es, su justicia, el sistema que la regula ha sacrificado injustamente a un joven venezolano que podía dar mucho en sus funciones.