Hacemos un alto en la serie de opiniones que hemos venido tejiendo alrededor de la idea de que Venezuela es un "país campamento". Concluiremos eso con cuatro o cinco entregas más.
Pero es que hay algunos temas que considero necesario abordar en este momento, uno de ellos es la violencia contra la mujer venezolana y el otro es el referente al agua.
Es indudable que en nuestro país hace falta toda una política de Estado para controlar y vencer el flagelo de la violencia contra la mujer. Y no solo es esa violencia física en la que aparece como emblemático un hombre borracho que le pega a su mujer. No. Es la violencia psicológica en el trabajo, en la publicidad, en la lucha por alcanzar cualquier bien material o inmaterial, en la participación, en fin, en muchas cosas.
Se han creado leyes destinadas a hacer posible esa lucha, pero temo que se han llevado a cabo sin una suficiente preparaciòn y concientización a fondo, es decir, bajo el manto de la improvisación, aunque se pretenda hacer ver que miles de foros, declaraciones, preparativos, especialidades, etc. puedan dar la idea de una planificación.
De no tomarse todas las previsiones pare evitar un mal uso de la ley, la misma terminará no sirviendo al objetivo para el cual se ha creado.
Estas reflexiones me vienen en mente después de estar en contacto directo con dos casos de absoluta manipulación de la ley bajo propósitos ilegales o inmorales de sendas mujeres.
En la primera de ellas, una señora con tres hijos, el menor de ellos de su actual pareja y con quien se encuentra en ruptura o conflicto, acude a solicitar protección por violencia contra la mujer y obtiene así una decisión que la favorece a quedarse en una vivienda en la que no tiene ningún derecho, pues fue adquirida por su esposo con anterioridad al matrimonio y por vía sucesoral. El Estado acuerda la medida y, como si fuera poco, la señora trata de llevarlo a la cárcel. Es de tal magnitud la inexistencia de fundamento en la solicitud, que la causa penal termina allí. Pero la señora, envalentonada por una decisión tomada sin ningún asidero (la de permanecer en el inmueble), fuerza a su pareja a un acuerdo desproporcionado, permitiéndose inclusive rechazar ofertas que están por encima de lo que le corresponde. Por lo demás, la amenaza de una nueva denuncia obra como un factor que agrava la situación.
Más recientemente, observo el caso de una ciudadana que es socia en un negocio con sus dos hermanos. Ella ha tratado ilícitamente de apoderarse de la firma mercantil bajo fraudes y subterfugios, pero al ser atajada a tiempo, decide entonces acudir al manejo de la ley sobre la violencia contra la mujer, inventando situaciones que no existen, para así poder eliminar a sus socios, al menos bajo la medida de protección que no se acerquen al negocio, lo cual equivale a que ella pueda manejarlo económicamente a su antojo.
La prueba del fraude a la ley es evidentísimo. ¿ Cómo puede explicar la dama en referencia que en un negocio que está abierto al pùblico, pueda existir violencia de su socio-hermano, si ambos trabajan juntos allí desde hace muchos años, por lo menos ocho horas a día ?.
Y además, las denuncias se hacen más frecuentes cada vez que sus dos hermanos y socios mayoritarios, tratan de controlar legalmente los abusos de su hermana socia minoritaria.
Si la ley se relaja, como se observa en esos dos casos y muchos otros que me han referido, las consecuencias las pagarán las mujeres que son víctimas de violencia de verdad y que sí necesitan protección.
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