Nunca antes en la historia venezolana el destino de la República dependió tanto de una decisión de su máximo Tribunal. Solo la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia puede evitar una situación impredecible. Nadie más puede hacerlo y, además, sus oportunidades ya pasaron.
El Presidente y sus seguidores defienden con vehemencia un proyecto de estado socialista por el que no transigirán en ninguna medida.
Una parte sustancial de los venezolanos está en desacuerdo con ese proyecto y creo que llegará hasta el final en su propósito de evitar la instauración de un proyecto que considera inconstitucional.
El problema es jurídicamente muy simple. Lo que lo hace difícil de solucionar es el enorme peso de cada posición en torno a la reforma, en la que ningún sector está dispuesto a ceder nada.
La reforma puede atacarse desde la forma en que fue propuesta inicialmente, en que no podía ser modificada sino devuelta al Jefe de Estado para presentar una nueva, en que no se le podían añadir artículos como hizo la Asamblea Nacional, en que no hay realmente una proposición en bloques (estos tendrían que ser por materia) sino una división injustificada en dos partes, etc. Pero eso no es lo más contundente.
Lo que la hace insalvable - y eso se está diciendo desde un principio - es que atenta contra diversas disposiciones fundamentales, en lo concerniente al aniquilamiento de la descentralización (art. 4), el pluralismo político por la adopción de un sistema socialista (no definido en la Exposición de Motivos y hay varios modelos) que se establece en el artículo 2°, la eliminación del derecho a elegir funcionarios de gobierno (artículo 5), en la limitación al derecho de propiedad (artículo 3, el cual enuncia el respeto a los derechos constitucionales, entre ellos el de propiedad; también en lo relativo a la fijación de nuevas estructuras de agrupación geopolítica (artículo 4°), entre otros.
Más que todo eso, se trata de una reforma que no obedece a cambios que se hayan registrado paulatinamente y que el pueblo está obligado a dotar de una carta rectora, sino que más bien estamos en presencia de una serie de fórmulas sin arraigo en nuestra tradición jurídica, social y humana, por lo que puede apreciarse que se pretende crear el modelo en vacío y luego dirigir al pueblo hacia allá.
En este sentido, tendría que ser necesariamente una nueva Asamblea Nacional Constituyente la que decida si esas fórmulas son o no factibles. Allí está todo y eso es lo que resuelve el asunto. Allí está la semilla para asegurar la paz.
Como persona que ha ejercido muchas veces la función de juez, sé lo difícil e ingrato que resulta tomar una decisión contraria a las ideas o sentimientos propios y a lo que a uno le parece mejor, lo cual podría ser el caso de la mayoría de la Sala Constitucional, pero la realidad es otra, la verdad está en lo arriba expresado. De modo que, en definitiva, los magistrados de esa Sala tendrán que tener una gran serenidad, un gran sentido de la constitucionalidad y porqué no , de sacrificio, para evitar un precedente que podría lesionar por mucho tiempo a nuestra nación.
El Libertador consideraba que los jueces debían ser magnánimos en toda circunstancia, sobretodo en las que marcan el destino de una república.
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